Las lenguas cooficiales en Europa: Sánchez no necesita convencer a Bruselas, necesita convencer a Junts

La batalla por convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales de la Unión Europea se está explicando muchas veces como un pulso entre España y Bruselas. Pero quizá el escenario decisivo no esté en Bruselas. El verdadero valor político de esta operación está en Madrid y en la relación del Gobierno con Junts.

Conviene además sacar a Carles Puigdemont del centro del análisis. No porque carezca de influencia —sigue siendo una figura central en Junts—, sino porque reducir toda la relación entre el Gobierno y el partido a una negociación personal con él impide ver algo más importante: la oficialidad del catalán es una exigencia formal de Junts como organización política. En junio, el partido llegó incluso a reclamar que España condicionara su apoyo al próximo presupuesto de la Unión Europea a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.

Europa tiene otras prioridades

La reunión del Consejo de Asuntos Generales del 22 de septiembre resulta especialmente reveladora. España volvió a colocar la cuestión lingüística sobre la mesa e intentó relacionarla con el futuro proceso de ampliación. Pero basta observar cuáles fueron realmente los grandes asuntos tratados por los ministros europeos para entender la diferencia de escala: presupuesto comunitario 2028-2034, competitividad, Estado de derecho, Ucrania, Oriente Próximo, defensa, seguridad, migración y ampliación. Las lenguas españolas aparecieron dentro del apartado de “otros asuntos”, a iniciativa de la delegación española.

Eso no significa que la cuestión lingüística sea irrelevante. Significa algo diferente: para la UE no ocupa actualmente el mismo nivel estratégico que para el Gobierno español o para Junts.

La propia información de EFE sobre aquella reunión señalaba que la posible vinculación planteada por Madrid entre las lenguas y la ampliación no figuraba como un factor de peso en negociaciones como la adhesión de Montenegro.

La amenaza española tiene límites

España ha elevado progresivamente el tono. El Gobierno ha llegado a sostener que no podría aceptar la incorporación de nuevas lenguas al régimen lingüístico europeo derivadas de futuras ampliaciones mientras no se resuelva primero la situación del catalán, el euskera y el gallego.

Pero una cosa es disponer de una palanca negociadora y otra que esa palanca cambie las prioridades del resto de la Unión.

Alemania, Suecia y Lituania dejaron bastante clara su posición el 22 de septiembre: rechazaron mezclar ambos expedientes. Algunos representantes europeos consideraron expresamente inaceptable vincular la ampliación de la Unión con la cuestión de las lenguas cooficiales españolas.

Por eso quizá sea más preciso hablar de una presión de escaso efecto práctico hasta ahora que de una presión completamente inocua. España tiene capacidad política e institucional dentro de la Unión, pero no ha conseguido que esa capacidad produzca el resultado perseguido: la propuesta lleva tres años sobre la mesa y continúa sin reunir la unanimidad necesaria.

Entonces, ¿por qué insistir?

Porque el destinatario político de cada movimiento no tiene por qué ser exclusivamente Europa.

Cada vez que el Gobierno vuelve a llevar el catalán al Consejo, introduce nuevas fórmulas o aumenta su presión diplomática puede transmitir otro mensaje: “seguimos intentando cumplir lo acordado”.

Y ahí aparece Junts.

Para el partido, la cuestión lingüística forma parte de un expediente mucho más amplio sobre el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno. Además, su agenda actual no se limita al catalán en Europa. El 21 de septiembre, su portavoz Josep Rius reprochó a Sánchez que no hubiera ofrecido propuestas suficientes sobre Rodalies, educación, financiación, fiscalidad y vivienda para Cataluña.

Esa lista ayuda a comprender mejor dónde puede estar el problema político real.