La privatizaciones abortivas de Ayuso: 41.453 abortos, 8,7 millones y una objeción.

En la Comunidad de Madrid, abortar no es solo cuestión de derechos o salud, es una operación financiera hecha a medida del modelo Ayuso. Mientras el discurso conservador predica objeción y valores, la realidad revela 41.453 abortos externalizados a clínicas privadas a golpe de millones públicos. El 99% de las interrupciones se derivan al sector privado: así se cocina la anómala receta madrileña—rentable solo para unos pocos y, paradójicamente, sostenida por quienes cacarean su objeción.

Madrid se ha convertido en el “experimento Ayuso” para el aborto en España: más de 8,7 millones de euros públicos gastados en dos años para que siete clínicas privadas realicen el 99% de las interrupciones del embarazo. La sanidad pública queda de comparsa: solo 134 abortos en hospitales públicos frente a los más de 41.000 en el sector privado. ¿Negocio o anomalía? Para Ayuso es el “derecho a la objeción”; para el resto, el truco de privatizar lo que no quieren gestionar de frente.

La presidenta repite el mantra de la libertad individual y la objeción de conciencia: “Solo un dictador obligaría a un médico a practicar un aborto”, afirma. Mientras tanto, la Comunidad rechaza crear el registro que exige la ley para objetores. El Ministerio de Sanidad, harto de la rebeldía madrileña, llevará a Ayuso a los tribunales por incumplir la Ley del Aborto reformada en 2023: Madrid, única autonomía en rebeldía.

El dato sangrante es que la comunidad que más presume de valores es la misma que más externaliza el aborto y menos invierte en anticoncepción a largo plazo o fórmulas de acompañamiento público. Todo vale con tal de no tocar la red sanitaria propia y mantener contentos a los sectores ultraconservadores… pero a golpe de talonario para clínicas privadas.

Otros partidos, como Más Madrid y PSOE, denuncian que Madrid es “la anomalía nacional”. Proponen presupuesto extra para que el aborto esté garantizado en la sanidad pública, apostando por el aborto farmacológico en atención primaria y acabar con los traslados y dependencias del negocio privado.

Los números son demoledores: en 2024, más de 21.000 interrupciones legales, el 94% a petición de la mujer, más de la mitad de las mujeres nacidas fuera de España, muchas jóvenes, y la mayoría con empleos propios. La anomalía no es el aborto, sino el negocio tejido en torno a él en la capital.

Y mientras tanto, la red de clínicas privadas aplaude el modelo: 211 euros públicos por cada intervención. Un modelo hecho a medida, selectivo en la objeción y generoso en el pago. Así es el milagro madrileño: privatizar hasta la objeción mientras se llena de titulares y frases de márketing político.
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