Ayuso y la mordaza 2.0: controlar el relato para controlar el poder.
Isabel Díaz Ayuso se envuelve en la bandera de la “libertad” mientras su Gobierno señala periodistas, presiona medios críticos y lleva a los tribunales a quien se atreve a cuestionar su modelo de poder en Madrid, atacando de lleno la libertad de expresión y el derecho a una prensa incómoda.
Cuando un poder político presume de “libertad de prensa” mientras aprieta el cuello a los medios críticos, no está defendiendo la democracia, está redactando el manual del miedo. Y el ayusismo lleva años perfeccionando ese manual: señalamientos públicos, campañas contra periodistas incómodos, acusaciones de “prensa del régimen” y ahora demandas judiciales contra programas que conectan dinero público con decisiones muy convenientes para su Gobierno.
Mientras da medallas y discursos emocionados sobre el “periodismo libre”, su Comunidad recorta presupuesto, discrimina a medios que no se arrodillan y lanza avisos a navegantes cada vez que alguien investiga residencias, contratos o subvenciones. No es casualidad que asociaciones de periodistas hayan acusado al Gobierno de Ayuso de querer “amordazar” la libertad de prensa: cuando el poder teme a las preguntas, intenta controlar quién las hace y cómo las formula.
La demanda contra programas críticos es la guinda de un patrón muy claro: usar recursos públicos y la maquinaria institucional para intimidar, agotar y disciplinar a quienes se atreven a relacionar millones en subvenciones, universidades a medida o contratos opacos con decisiones políticas que siempre caen del mismo lado. No es defensa del honor, es una estrategia de disuasión: la próxima vez, antes de poner un rótulo incómodo, más de uno se lo pensará dos veces.
El discurso oficial es simple: Ayuso se presenta como víctima heroica de una “prensa del régimen” mientras exige que periodistas, jueces y fiscales “defiendan el país”… casualmente en la dirección que más le conviene. La realidad es mucho más cruda: cada ataque contra un medio crítico, cada demanda ejemplarizante y cada campaña de señalamiento construyen un clima donde la autocensura se vuelve rentable y la libertad de expresión, un riesgo.
En Madrid, el verdadero problema no es lo que Ayuso dice de la libertad de expresión. Es lo que hace contra quienes se atreven a ejercerla.
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