PSOE y Gobierno: socios ejemplares de Rabat, verdugos silenciosos del Sáhara
Gobierno, Pedro Sánchez y PSOE blindan su alianza con Marruecos mientras el pueblo saharaui paga el precio: acuerdos, cumbres y premios de fachada con agujeros negros de derechos humanos y autodeterminación.
El Gobierno y el PSOE han convertido la “relación estratégica” con Marruecos en el relato perfecto para tapar una realidad incómoda: el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización según la ONU, pero España actúa como si eso fuera un detalle menor en la letra pequeña de sus acuerdos. Se firman paquetes de cooperación, se celebra la “excelencia” de las relaciones bilaterales y se repite el mantra de la estabilidad, mientras el pueblo saharaui queda fuera de foco, reducido a ruido de fondo en los comunicados oficiales.
La foto de las cumbres con Rabat, los catorce acuerdos, los aplausos empresariales y el discurso sobre la “vecindad ejemplar” son el envoltorio. El contenido real es la consolidación de una posición que avala el plan marroquí de autonomía como “base más seria, realista y creíble”, desplazando el compromiso histórico de España con un referéndum de autodeterminación que la propia ONU sigue reconociendo. No es un matiz técnico: es un giro político que coloca al Gobierno y al PSOE del lado del ocupante y no del pueblo ocupado.
Mientras se habla de cooperación en digitalización, energía verde o lucha contra el odio, se oculta el agujero negro central: los derechos del pueblo saharaui y las resoluciones internacionales que se están dejando caer por el sumidero del “pragmatismo”. Los premios, los reconocimientos, las grandes palabras sobre paz y derechos humanos suenan muy bien en los foros internacionales, pero pierden credibilidad cuando, a la hora de la verdad, se respalda el plan del ocupante frente al derecho a decidir de un pueblo expulsado de su tierra.
La percepción de que jueces y fiscales forman una élite con privilegios encaja como anillo al dedo en este tablero: sentencias europeas que tumban acuerdos por incluir recursos saharauis sin consentimiento, mientras la política se reacomoda para seguir adelante como si nada. Se habla de legalidad internacional, pero se practica una doble vara de medir donde el poder togado y el poder político se dan la mano para blindar geoestrategia y negocios, dejando en la cuneta a quienes no tienen ni Estado ni lobby.
El resultado es claro: el Gobierno y el PSOE presumen de premios, cumbres y liderazgo internacional, pero en el mapa hay un punto negro llamado Sáhara Occidental donde la palabra “justicia” se ha quedado congelada. Cuando los premios tienen agujeros negros, el brillo no alumbra; solo deslumbra lo justo para no ver al pueblo que se ha sacrificado en la sombra de los acuerdos.
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