Iglesia y Gobierno: chequera abierta, cárceles cerradas | Pedrastas siguen impunes.


El Gobierno y la Iglesia posan como quien salda una deuda histórica y la Iglesia se envuelve en el lenguaje de la “asunción de responsabilidades”, pero la pregunta incómoda sigue en pie: ¿quién va a la cárcel aquí? Sin listas de agresores, sin apertura total de archivos, sin obispos apartados por encubrir, el mensaje es devastador: el sistema se indigna en notas de prensa, pero negocia en despachos cuánto vale, en euros, una infancia rota. Dinero para tapar bocas; las llaves de la celda, de momento, siguen bien guardada.

El truco está en el diseño. El Defensor del Pueblo recibe los casos, marca los criterios y propone las indemnizaciones; la Iglesia paga la factura y el Estado se presenta como garante del proceso. Si hay conflicto, se reúne una comisión mixta con víctimas presentes… pero siempre dentro de un circuito administrativo donde lo máximo que se mueve son euros y comunicados, no togas ni esposas. Es la burocracia convertida en cortafuegos político de un escándalo sistémico.

El Estado riega a la Iglesia católica con dinero público mientras presume de aconfesionalidad: cientos de millones fijos vía IRPF y un océano de exenciones e inyecciones que algunas estimaciones elevan a más de 11.000 millones al año, 260 euros por cabeza para sostener privilegios que no pasan por las urnas. 

#España #Iglesia 

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