PP y Ayuso: el caso residencias no está cerrado y va a más
El PP y Ayuso insisten en dar por superado el drama de las residencias de Madrid, pero el caso no está cerrado: los ex altos cargos vuelven a ser investigados y las causas judiciales se multiplican mientras las familias siguen reclamando verdad y responsabilidades políticas
El caso de las muertes en las residencias de Madrid bajo los gobiernos del PP y de Isabel Díaz Ayuso no es un asunto del pasado, es una realidad que sigue avanzando en los tribunales y en la memoria de miles de familias. Que tres ex altos cargos vuelvan a estar citados como investigados en nuevas causas demuestra que el caso no está cerrado y que la historia va mucho más allá de un simple “se hizo lo que se pudo”.
Los nombres se repiten: los antiguos responsables de Coordinación Sociosanitaria y del SUMMA 112, señalados por el llamado “protocolo de la vergüenza”, deberán volver a declarar por posibles delitos de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a residentes enfermos durante la primera ola. No es un detalle menor, es el corazón del modelo de gestión del PP en Madrid: protocolos que marcaron quién podía ser derivado a un hospital y quién se quedaba en la residencia esperando una ambulancia que nunca llegaba.
Mientras tanto, el relato político del PP y de Ayuso intenta cerrar en falso esta página, presentando la gestión de las residencias como inevitable y casi intocable. Pero cada nueva querella, cada nueva causa, cada nueva citación de los mismos ex altos cargos recuerda que el caso no ha muerto, que sigue creciendo y que seguirá apareciendo en titulares por mucho que en la Puerta del Sol se hable de “pasar página”.
Aquí está la clave: el caso residencias va más allá de una cifra de muertos o de una polémica puntual, es el espejo incómodo del proyecto político del PP en Madrid. Un modelo que prioriza la narrativa de éxito, de libertad y de “gestión ejemplar”, incluso cuando los hechos obligan a volver una y otra vez sobre las decisiones tomadas mientras miles de mayores fallecían en residencias sin acceder al mismo nivel de atención que otros ciudadanos.
El PP y Ayuso pueden intentar reescribir el relato, pero no pueden impedir que el caso siga avanzando y desbordando sus excusas oficiales. El mensaje que queda es contundente: el caso residencias no está cerrado, va más allá y seguirá regresando mientras las familias sigan exigiendo algo tan básico como verdad y responsabilidad política en la Comunidad de Madrid.
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